Con motivo del programa de seminarios formativos para empresas que realizan la Cátedra y Caixa Popular, este 20 de septiembre en colaboración con la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (ASECAM), se realizó en Sagunto la jornada sobre el Registro de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, con la participación de Paco Álvarez, Presidente de la Federación Española de la Economía del Bien Común y experto internacional en asuntos de sostenibilidad; y de Jesús Valero Balaguer en representación del equipo técnico de la Dirección General de Economía de la GVA encargado del REVSR.
En la apertura del evento, Paco Alós Alabajos, Director de RS y Relaciones Institucionales de Caixa Popular, destacó la importancia y urgencia con que las pymes deben empezar a trabajar los aspectos ESG puesto que las normativas ya están poniéndose en marcha. Por ejemplo, la reciente exigencia de tener un canal de denuncias para empresas de más de 50 empleados.
Por su parte, Tomás González Cruz, director de la CEIH, insistió en no esperar a la obligatoriedad para las pymes, sino que por el contrario, se entienda el sentido y beneficios de la sostenibilidad y se tome acción, puesto que de manera indirecta ya les está afectando. Bien sea por estar insertas en una cadena de suministro o por la presión del sector financiero.
Seguidamente, Paco Álvarez inició su intervención reflexionando sobre la percepción que tiene la sociedad de las empresas y las bases que fundamentan la sostenibilidad. “Una empresa necesita clientes, proveedores, financiación. Se ubica en un lugar físico en el que genera algún impacto. Por tanto, todo lo relacionado con los stakeholders o grupos de interés, justifican todo el concepto de sostenibilidad”
Posteriormente, resumió la secuencia y estado de las directivas europeas en sostenibilidad. Pasando por la NFRD que fue recientemente modificada por la CSRD y que ahora mismo está en espera de transposición en España.
Los aspectos destacados de la CSRD:
- Reemplaza a la NFRD. Para empresas a partir de 250 trabajadores e incluye Pymes cotizadas (unas 49.000 empresas).
- Dictamina nuevas normas europeas de informes (ESRS).
- Refuerza los aspectos relativos a medioambiente, ámbito social y derechos humanos (JURI).
- Está en línea con el Pacto Verde Europeo y con los ODS de la ONU.
- Las empresas que ya cumplían la NFRD deberán aplicar la directiva en 2024, las que no estaban en 2025, y las Pymes cotizadas en 2026.
- Se aconseja que las Pymes en general hagan los informes (simplificados) que EFRAG está preparando.
Adicionalmente, comentó sobre las nuevas iniciativas que se están trabajando en la UE:
La CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive): propuesta en desarrollo relacionada con el gobierno de la empresa (Corporate Governance, la G de ESG).
ESAP (European Single Acces Point): un registro de acceso público en el que se alojarán los informes de sostenibilidad de las empresas y será la referencia para obtener ayudas europeas,créditos bancarios… etc
En la segunda parte de la jornada, Jesus Valero de la GVA, explicó el funcionamiento del REVSR así como el procedimiento para conceder la calificación como entidad socialmente responsable.
Los puntos en los que Jesús enfatizó:
- La empresa obtiene una resolución administrativa, lo que significa que la entidad adquiere derechos y obligaciones.
- La calificación se guarda como nota marginal en el registro mercantil, por lo tanto, quien busque información en este registro, conocerá el estatus como entidad socialmente responsable.
- La plataforma ofrece un modelo de memoria simplificada para las entidades de menos de 50 trabajadores. No obstante, aconseja que las entidades tengan su propia memoria de sostenibilidad que refleje la realidad empresarial.
- Para obtener la calificación, las entidades deben cumplir unas obligaciones administrativas, entre ellas, haber depositado las cuentas anuales. Por ello, se recomienda solicitar la calificación después de este proceso.
- Las solicitudes son revisadas por una comisión mixta conformada por personas expertas quienes dirimen sobre la situación particular de cada entidad. En caso que la calificación fuera desfavorable, se avisará para que en 10 días se puedan presentar alegaciones.
- La autoevaluación inicial que debe realizar la entidad para la obtención de los indicadores de desempeño y puntuaciones no es pública y tiene una vigencia de 30 días dentro de la plataforma.
- Recomienda realizar tanto la autoevaluación como la solicitud de calificación con la misma firma electrónica.
- El plazo máximo legal para recibir la resolución es de 6 meses aunque están resolviendo dentro de 3 meses.
La clausura de la jornada estuvo a cargo de Cristina Plumed, Presidenta de ASECAM, quien destacó la labor de la comisión dedicada a potenciar y promover la responsabilidad social corporativa entre los asociados, así como, del foro de sostenibilidad ambiental que busca establecer mecanismos de actuación en favor de la protección de la biodiversidad del Camp de Morvedre.
